Nada de lo que pasó en Panamá fue como Venezuela. Las 6.438 vidas que se lamentaron en Venezuela apenas se pueden dimensionar en la región central de Panamá donde las cifras son exiguas comparadas con el desastre humanitario, económico y ecológico de Venezuela. Las ocho provincias y la comarca panameña que sufrieron el terremoto de magnitud 7,5 contabilizaron daños en edificios sanitarios, educativos y afectaciones en comunicaciones y vías de tránsito vehicular. Mientras que solo 27 personas resultaron lesionadas con heridas de carácter leve a moderado.

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Un terremoto de magnitud 7,45 afectó a Panamá el viernes 9 de octubre, aislando por tierra a Tonosí en la provincia de Los Santos, aunque el epicentro se registró a 39 km de la localidad, en la provincia de Veraguas, cerca del límite con la jurisdicción anterior. La sacudida más violenta e intensa se registró principalmente en la península de Azuero, en Los Santos y Herrera y la provincia de Veraguas, mientras que los daños contabilizaron 29 instalaciones de salud y 419 centros educativos afectados, al igual que se registraron obstaculizaciones de acceso por daños en rutas vehiculares e interrupciones en el fluido eléctrico y el suministro potable así como fallas significativas en la comunicación. Sin embargo Panamá no registró ni una sola víctima fatal.

Un impacto desigual marcado por el territorio y la infraestructura

Panamá registró un terremoto de idéntica magnitud que Venezuela, país que se vio gravemente golpeado el 24 de junio por dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5. El último balance de agosto sobre las consecuencias devastadoras del desastre terminaron por cerrar el número de muertes en 6.438, unas 137 muertes del informe previo. La zona de La Guaira quedó devastada en daños cuantiosos a viviendas, edificios y vidas humanas y una reconstrucción que enfrenta además una dimensión económica considerable. El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los sismos y advirtió que una recuperación lenta podría afectar el desempeño económico venezolano durante los próximos diez años.

Las razones de este fenómeno disímil entre ambos países se encuentran asentadas en la densidad poblacional, el tipo de terreno y las características de las estructuras construidas. Mientras que en la costa de La Guaira la población alcanza los 250 habitantes por kilómetro cuadrado con numerosos edificios de hasta 20 pisos levantados en laderas, el epicentro panameño se ubicó en Los Santos, una región predominantemente rural y dispersa con solo 24 habitantes por kilómetro cuadrado. En diálogo con el diario Clarín, el presidente de la Cruz Roja de Panamá, Elías Solís, explicó esta diferencia urbanística: “La infraestructura no es alta, son viviendas bajas unifamiliares. Por eso no vimos las imágenes de terremotos de otros países”.

A esto se suma la manera en que el terreno local absorbe la vibración de las ondas sísmicas. Según estudios desarrollados por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), los suelos sedimentarios blandos y arcillosos como los de La Guaira amplifican las ondas y aumentan el riesgo de colapso. En contraste, en el centro de Panamá y su capital predomina una matriz rocosa subyacente que funciona como un atenuador natural. Sobre este punto, el doctor en Ingeniería Estructural y Sísmica, Oscar Ramírez, remarcó durante un foro universitario citado por el diario que “los edificios más altos aquí están cimentados sobre roca, es una bendición para nuestro país. No tenemos edificios altos sobre suelo residual”. Ramírez agregó además que “en Paitilla tenemos una roca que tiene unas capacidades enormes, que no se encuentran ni en Costa Rica ni en Colombia”.

Normativas estrictas y prevención comunitaria

Otro pilar clave para comprender el bajo nivel de daños radica en la normativa antisísmica que rige la construcción de infraestructuras en territorio panameño. La legislación local exige el cumplimiento del Reglamento para el Diseño Estructural Panameño, actualizado en 2014 para ajustarse a fallas locales e imponer criterios equivalentes a las normas de Estados Unidos. Sobre este marco regulatorio, el arquitecto y urbanista Carlos Antonio Solís precisó que desde 2004 se incorporó la obligatoriedad de que “los edificios de más de 15 pisos o 5 mil metros cuadrados tengan sensores”, lo que contribuyó a la estabilidad de los rascacielos durante la sacudida.

Finalmente, el momento exacto en que aconteció el fenómeno y la cultura de prevención comunitaria influyeron directamente en el saldo de sobrevivientes. Al ocurrir a las 12:56 de un viernes, la mayoría de la población se encontraba en ámbitos laborales y edificios preparados con protocolos de salida rápida. El director de la Academia de Protección Civil del Sistema Nacional de Protección Civil, Reyes Jiménez, enfatizó el valor pedagógico de los simulacros ante este tipo de contingencias: “La teoría de los simulacros es llevar a una población a que hay que evacuar. No esperar que una institución ya me evacuó o que haga, sino que la misma comunidad aprenda a tener una cultura de la protección civil”. Esta conducta preventiva evitó males mayores y consolidó la respuesta de la población.